1. Reforma habitacional: un techo para todos los argentinos El acceso a la vivienda digna está garantizado por la Constitución, pero el gobierno actual lo convirtió en letra muerta: frenó la construcción pública, paralizó la integración de barrios populares, agravó la situación de calle y desreguló salvajemente el mercado de alquileres. Millones de argentinos destinan proporciones desmesuradas de sus ingresos a un alquiler mientras la vivienda propia se vuelve cada vez más inalcanzable. La vivienda no es una mercancía: es una condición elemental para una vida digna, y el Estado tiene la obligación de garantizarla. Por eso proponemos un plan integral que incluye acceso a lotes con servicios para 500 mil familias, la reactivación y profundización de la política de integración socio urbana en los 6.487 barrios populares y la reanudación de las obras paralizadas desde el 10 de diciembre de 2023. Vamos a impulsar medidas de protección para los inquilinos, en coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, que garanticen mecanismos ágiles de resolución de conflictos entre inquilinos y propietarios, estabilizando la duración de los contratos en plazos mínimos de 2 años, desarrollando desde Banco Nación un seguro de caución propio sobre todo para jóvenes, creando en zonas urbanas sistemas de alquiler público y de limitación de la vivienda ociosa. Para la vivienda propia, implementar también el crédito hipotecario focalizado en trabajadores que quieren construir o acceder a su primera vivienda.
2. Reforma industrial: el modelo productivo en la cuarta revolución industrial El modelo económico de Milei ya provocó la pérdida de más de 206 mil empleos formales privados, el cierre de más de 22 mil empresas y el desarme de miles de unidades de la economía comunitaria. No se trata de un revés momentáneo, sino de la consecuencia directa de un modelo de desindustrialización y exclusión que sólo beneficia a las actividades primarias extractivas y a la especulación financiera: un verdadero industricidio. Nuestro horizonte es un funcionamiento sinérgico entre los tres subsistemas de la economía plural —privado, público y comunitario— orientado a un modelo de desarrollo con soberanía productiva, integración territorial y justicia social, como condición de un proyecto de crecimiento capaz de afrontar las transformaciones de la cuarta revolución industrial e integre al conjunto del pueblo argentino. Proponemos una inversión estratégica en ramas de avanzada como la biotecnología, la energía nuclear, la economía del conocimiento y la industria satelital, junto con la industrialización de los recursos agropecuarios, hidrocarburíferos, mineros, pesqueros y forestales con agregado de valor, transferencia tecnológica y criterios de sustentabilidad ambiental. Implementaremos una protección industrial inteligente del sector manufacturero condicionada a metas objetivas de empleo y desarrollo territorial, terminando con el "Estado bobo" que subsidia privilegios de empresarios inescrupulosos mientras nos perjudicamos los consumidores. Defendemos las empresas públicas y mixtas como motor de inversión e innovación en áreas estratégicas, como reaseguro de servicios esenciales que el mercado no garantiza, gestionadas con criterios de profesionalidad y eficiencia. Y sostenemos que la energía es un insumo fundamental para el desarrollo productivo y el bienestar social: es imprescindible asegurar el autoabastecimiento a precios nacionales para que ser un país con recursos naturales se convierta en una ventaja en competitividad y desarrollo humano. También reconocemos la existencia de una economía comunitaria que se expresa a través de cooperativas productivas o de servicios y en la economía popular que organiza sectores excluidos del mercado laboral, para las cuales reconstruiremos las herramientas públicas de financiamiento y comercialización que fortalezcan su integración al entramado productivo.
3. Reforma laboral para el trabajo del presente y del futuro La reforma laboral impulsada por el gobierno de Milei constituye el mayor retroceso desde la dictadura: recorta salarios e ingresos, desmantela el modelo sindical, vacía la seguridad social, clausura el acceso a la justicia, y profesa una igualdad ficticia entre empleados y empleadores. Lejos de modernizar, destruye derechos básicos, omite regular las grandes transformaciones contemporáneas —economía de plataformas, teletrabajo, transición tecnológica y energética, economía comunitaria y popular— y profundiza una estructura laboral ya fragmentada. Está claro que es necesaria una reforma laboral, pero para adaptar la legislación a las nuevas formas de trabajo y no para volver al pasado. Necesitamos una reforma que reconstruya un sistema universal de protección social adaptado a la heterogeneidad contemporánea del mundo del trabajo, que amplíe derechos y proteja a los trabajadores, que acompañe la heterogeneidad del entramado productivo —distinguiendo entre grandes empresas, pymes, microempresas y unidades productivas de la economía popular— y principalmente que reconozca la nueva realidad del mundo del trabajo. Primero, partiendo de la premisa de que todo el mundo trabaja para vivir y que la nueva revolución industrial llevará, al igual que la anterior, a un crecimiento exponencial de la productividad, proponemos la creación de un Salario Básico Universal que garantice un piso de ingresos y derechos a quienes no tengan sus derechos básicos cubiertos. Sancionaremos un estatuto específico para el trabajo en plataformas que reconozca la relación laboral con sus especificidades y asegure un salario mínimo ligado a la canasta básica en los casos de jornada completa, garantice el acceso a la información algorítmica, prohíba los bloqueos arbitrarios, resguarde la libertad sindical y las condiciones de seguridad. Avanzaremos en regulaciones que contemplen el impacto de la automatización, la inteligencia artificial y el teletrabajo sobre las condiciones laborales y el tiempo de trabajo. Restableceremos las sanciones al empleo no registrado, regularemos la tercerización, estableceremos una reducción segmentada de contribuciones patronales para microempresas y convertiremos el Fondo de Asistencia Laboral en un fondo de aportes patronales y no mediante recursos de la seguridad social. Implementaremos la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, en forma gradual y a través de la negociación colectiva sectorial. Trabajaremos en la igualación progresiva de los derechos laborales de los trabajadores de la economía popular, que tengan obra social, ART, aportes previsionales y licencias. Impulsaremos un sistema integral de cuidados que amplíe las licencias parentales e incorpore a trabajadores autónomos, monotributistas y de casas particulares, que ponga de relevancia el sector comunitario de cuidado sin postergar los derechos de sus trabajadoras y se financie con la seguridad social, asumiendo el cuidado como una responsabilidad colectiva.
4. Reforma fiscal: una macroeconomía ordenada para la justicia social La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria para construir un modelo económico que promueva el desarrollo humano integral. Eso requiere atacar problemas estructurales principalmente vinculados al carácter bimonetario de nuestra economía y a lograr un sendero de crecimiento sostenible, así como la normalización financiera de nuestro país luego de sucesivas crisis y megacrisis asociadas al sobreendeudamiento externo. Lograr esto supone una transición en la cual el equilibrio fiscal aparece como una necesidad, mas no un dogma como ocurre con el gobierno actual. El actual esquema fiscal no garantiza sustentabilidad y además es sumamente injusto. Recordemos que el gobierno redujo impuestos principalmente a los sectores de mayores ingresos y patrimonio de nuestro país. Proponemos entonces construir el equilibrio fiscal a partir de una reforma guiada por el principio de la progresividad fiscal: quien más tiene, más debe aportar; las mayorías populares, en cambio, deben ver aliviada su carga tributaria. Para eso se requiere establecer un Aporte a las Grandes Fortunas que reemplace al actual esquema de Bienes Personales, duplicando el mínimo no imponible para que pague sólo el 1% más rico de la sociedad y creando una nueva alícuota del 3% para fortunas superiores a los nueve millones de dólares. Asimismo, se revisarán las exenciones que caracterizaban al tributo como el de inmuebles rurales. En el mismo sentido, reformaremos el IVA eliminando exenciones y reemplazándolas por una devolución íntegra del impuesto sobre la canasta alimentaria al 20 % más pobre, según el modelo cash-back brasileño. Revisaremos los regímenes de promoción industrial, recompondremos el impuesto a autos, embarcaciones y aeronaves de lujo, y simplificaremos el sistema con declaraciones pre-llenadas y la armonización entre monotributo y autónomos. Finalmente, crearemos un fondo que destine parte de la renta hidrocarburífera y minera al financiamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
5. Reforma de la política exterior: ponerle un límite al FMI y recuperar la soberanía La política exterior de Milei nos ha llevado a niveles inéditos de sometimiento a los intereses de potencias extranjeras y a ser parte de la destrucción del derecho internacional. El retroceso en la inserción a nivel mundial se expresa en la salida de organismos internacionales como la OMS, los BRICS, entre otros. El gran escollo que tenemos en materia de política exterior y que constituye un verdadero cepo al desarrollo de nuestro país es el endeudamiento con el FMI. El actual ciclo de endeudamiento externo insostenible es el cuarto desde los años 70, todos a cargo de gobiernos liberales: Videla–Martínez de Hoz, Menem–Cavallo, Macri–Caputo y Milei–Caputo. El endeudamiento se complementa con la fuga sistemática de capitales de los grupos económicos concentrados, configurando uno de los grandes problemas estructurales del país. Durante la presidencia de Alberto Fernández, las discrepancias sobre cómo afrontar este tema partieron en dos a la coalición política y debilitaron al campo nacional y popular. Eso no puede volver a pasar: necesitamos construir un acuerdo previo y explícito de cara a la población. Por eso denunciaremos el acuerdo comercial con Estados Unidos, nunca ratificado por el Congreso como exige la Constitución, y nos reincorporaremos a los BRICS como forma concreta de una inserción soberana e inteligente en el mundo actual. Paralelamente reimpulsaremos los organismos de integración latinoamericana, como el Mercosur y la CELAC, fortaleciendo la cooperación regional en materia de industria, energía, ciencia, infraestructura y defensa de nuestros recursos estratégicos. Y por supuesto reivindicaremos la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas. Al FMI le exigiremos que asuma de forma concreta su corresponsabilidad en los salvatajes políticos otorgados a Macri en 2018 y a Milei en 2025, ambos violatorios de la normativa argentina y del propio organismo. No subordinaremos la recuperación de la actividad, el empleo y la industria al pago de la deuda: buscaremos refinanciar los compromisos con los acreedores privados en condiciones sostenibles. Impulsaremos una coalición de países que plantee una reestructuración radical del estatuto del FMI, bajo apercibimiento de una salida colectiva. Cualquier negociación necesita del pueblo movilizado para poder llevarse adelante de manera favorable para la Argentina.
6. Reforma judicial: por la verdadera justicia y contra la casta judicial La democracia argentina está mutilada por la persecución y proscripción de la principal líder del campo nacional y popular del siglo XXI, Cristina Fernández de Kirchner, condenada en un juicio plagado de irregularidades, que la Corte Suprema decidió ignorar, legitimando los oscuros intereses que controlan los resortes del Poder Judicial, por lo que debería ser indultada. Cuando no impera la ley, se impone la fuerza, y la República se pervierte en un régimen de facto donde la Constitución se convierte en letra muerta. Quienes más necesitan el imperio de la ley son los que menos tienen. La regeneración de la Justicia es, por tanto, una tarea central para superar la crisis institucional que atraviesa, recuperar su independencia para garantizar la igualdad ante la ley y desarmar los privilegios de quienes la utilizan para asegurar su impunidad. Ampliaremos la Corte Suprema de Justicia a nueve o más miembros, con paridad de género y enfoque federal. Devolveremos al Ministerio Público Fiscal el rol que le otorga la Constitución, poniendo en plena vigencia su Ley Orgánica con autarquía y autonomía financiera, limitando el mandato del Procurador General a cinco años y dotándolo de los recursos para implementar el sistema procesal penal acusatorio. Sancionaremos con urgencia una nueva ley del Consejo de la Magistratura que le permita reasumir plenamente sus facultades de administración y disciplina, sin que la Corte ocupe un asiento en el Consejo y mucho menos que lo presida.
7. Reforma educativa: los únicos privilegiados son los niños La educación argentina atraviesa una crisis profunda que ya no admite diagnósticos tibios. Cada vez más niños y niñas no logran leer y escribir en tiempo y forma, y cada vez más adolescentes no comprenden lo que leen: si no tomamos medidas urgentes, vamos a una situación crítica con daños que pueden ser irreversibles. Esta crisis golpea especialmente a los sectores populares, profundizando desigualdades y expulsando a miles de chicos y chicas del acceso real al conocimiento. Muchos quedan afuera del derecho a la educación, y tantos otros estudiantes con matrícula tienen más faltas que nunca. El gobierno actual agravó esta situación recortando el presupuesto educativo, desfinanciando programas clave, abandonando la infraestructura escolar y delegando en las familias y en las provincias responsabilidades indelegables de las personas garantes de derechos. Nuestra responsabilidad es clara: poner a los niños, niñas y adolescentes —los únicos privilegiados— en el centro y ordenar todo el sistema en función de garantizar que aprendan, permanezcan en la escuela y puedan construir un proyecto de vida. Proponemos un aumento inmediato de la inversión educativa, la recuperación de los programas nacionales y la restitución de la capacidad de coordinación del Estado nacional, junto con un acuerdo federal para que haya clases todos los días con metas concretas que jerarquicen el trabajo docente garantizando mejores condiciones laborales y un salario justo. Reducir la discontinuidad escolar y priorizar los aprendizajes básicos y la educación sexual integral. Implementaremos un plan nacional de alfabetización en los primeros años, con materiales, formación docente, seguimiento de trayectorias, parejas pedagógicas y ampliación del tiempo escolar. En la secundaria fortaleceremos becas y dispositivos de revinculación que combinen enseñanza con espacios de acompañamiento para sostener los aprendizajes en cualquier contexto. Fortalecer el trabajo en equipo entre la comunidad educativa y la conducción escolar para dinamizar las nuevas urgencias o transformaciones en el ámbito escolar. También incorporaremos equipos interdisciplinarios en las escuelas y articularemos con organizaciones comunitarias para acompañar las trayectorias educativas y contener temáticas extraordinarias vinculadas a la convivencia y la salud mental. Finalmente, impulsaremos una educación digital integral que garantice el acceso y el aprovechamiento creativo de las tecnologías, y la alerta temprana en tendencias digitales relevantes, que promueva una perspectiva pública, dinámica y soberana del conocimiento y fortalezca estrategias de cuidado y regulación frente a los efectos del uso intensivo de plataformas y pantallas. Cambiar en las aulas la presencia constante e individual de celulares que distraigan y compitan por la de tecnologías y pantallas compartidas y formativas. También fortalecer las orientaciones técnicas y los aprendizajes en oficios.
8. Reforma ecológica integral: acceso a la tierra y aprovechamiento sustentable de los bienes comunes El ambiente no puede pensarse separado de la justicia social, de la planificación territorial ni del derecho de los pueblos a vivir dignamente. La casa común no es una abstracción: es el entramado material y simbólico que hace posible la vida de las comunidades actuales y futuras. Nuestro país tiene el potencial de convertirse en una potencia ecológica, pero sólo si reconocemos que el cuidado de la casa común es un imperativo intergeneracional y que los recursos naturales deben aprovecharse respetuosamente y con miras al bien común, y no al negocio particular de unos pocos. Nos urge promover acciones de adaptación y mitigación al cambio climático, afirmar la primacía del interés nacional e intergeneracional por sobre los intereses extractivos de corto plazo, y asegurar el derecho a una alimentación suficiente y saludable para toda la población argentina. Para eso es fundamental valorar las prácticas y formas de organización de nuestro pueblo, respetar la propiedad comunitaria de la tierra por los originarios —reconocida por el Estado Argentino— e incorporar el saber científico y técnico de instituciones como el CONICET, el INTA, INTI, IANIGLA y tantos otros de gran trayectoria. Por eso, proponemos una reforma agraria que garantice el acceso a la tierra para los horticultores, empezando por las zonas estratégicas de producción identificadas en el RENAZEPA en las que se identificaron al menos 30.000 unidades productivas mediante la creación de nuevos lotes rurales a partir de tierras fiscales, el otorgamiento de créditos subsidiados, y la regulación de los alquileres rurales para asegurar estabilidad. Modificaremos la Ley de Arriendos de la dictadura, que impide a los productores tener una casa digna en la tierra que alquilan, y restableceremos un estatuto del peón rural moderno que dignifique las condiciones de vida y de trabajo en el campo. Instamos a las provincias a fortalecer la gestión integral e inclusiva de los residuos sólidos urbanos y avanzar en el saneamiento de los basurales a cielo abierto. Promoveremos el aprovechamiento sostenible de los bosques nativos por parte de las comunidades originarias, prohibiendo el desmonte y regulando sus usos comunitarios. Legislaremos para la protección de los humedales, glaciares, las cuencas hídricas y garantizaremos el cumplimiento del Acuerdo de Escazú y del Convenio N.° 169 de la OIT en todos los territorios donde se desarrollen industrias extractivas de escala.
9. Reforma en seguridad: enfrentar la narcoestructura y garantizar la paz La narcoestructura avanzó en los últimos años, penetró profundamente en la política, el Poder Judicial y en parte de las fuerzas de seguridad, y se expandió en los barrios populares a medida que el gobierno nacional debilitó las redes comunitarias. Ya no se trata de simples bandas de narcomenudeo, sino de organizaciones criminales que disputan el territorio, operan como prestamistas o dadores de "trabajo" con mejores ingresos para los más jóvenes. La caída del empleo, el derrumbe de los ingresos y el deterioro de los servicios básicos aumentan la fragmentación y desigualdad social, constituyendo un terreno fértil para que prolifere el delito y crezca la violencia. A esto se suma la desregulación del mercado de armas y de los flujos financieros. Rechazamos los discursos demagógicos que prometen soluciones mágicas, pero tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados frente al dolor de las víctimas y al miedo de gran parte del pueblo. Proponemos una política seria e integral en tres ejes para que los argentinos empecemos a vivir un poco más tranquilos. En primer lugar, a partir de un despliegue policial inteligente basado en herramientas de análisis criminal y profundizando la gestión local de la seguridad. Impulsaremos el Plan Nacional de Desarme e instrumentaremos políticas de bienestar para las fuerzas que incluyan aumentos salariales, mejora de las prestaciones de las obras sociales, con especial atención a la salud mental y mecanismos de control social efectivo sobre la policía y la Justicia. En segundo lugar, perseguiremos el delito complejo, apuntando a la economía criminal, para lo que hay que revertir las desregulaciones nacionales, fortaleciendo la UIF y estableciendo controles estrictos sobre las armas. Redirigiremos los bienes incautados al cumplimiento de fines sociales. Por último, la reconstrucción del tejido comunitario para que los pibes estén en la escuela, haciendo deporte en clubes, y aquellos que salen de la cárcel tengan la posibilidad de insertarse laboralmente en una cooperativa de trabajo para reducir la reincidencia y el delito.
10. Reforma sanitaria: un sistema de salud centrado en los pacientes El empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo, junto al encarecimiento del acceso a tratamientos y medicamentos y al desmantelamiento de prestaciones fundamentales, lleva a consecuencias trágicas. La desregulación total del sistema de salud produce concentración oligopólica en la oferta de empresas de medicina prepaga que cobran más y ofrecen menos; desfinanciamiento de las obras sociales nacionales, provinciales y del PAMI que cada vez dan menos respuesta; y saturación y desmantelamiento del subsector público. También asistimos a un aumento de la tasa de mortalidad infantil; la reemergencia de enfermedades infectocontagiosas que habíamos erradicado o controlado como el sarampión, la sífilis y la tuberculosis; el empeoramiento del abordaje de las enfermedades crónicas que produce complicaciones y muertes evitables. La crisis se expresa también en la salud mental: el aumento de la angustia, la ansiedad, la depresión, los consumos y otras formas de sufrimiento psíquico dan cuenta de una sociedad cada vez más dañada por la precarización, la incertidumbre y el debilitamiento de las redes de cuidado. La salud no puede pensarse únicamente desde el sistema sanitario, sino también desde las condiciones materiales y comunitarias en las que las personas desarrollan su vida. Es necesario reconstruir la política sanitaria a partir de lineamientos que pongan en el centro las necesidades de los pacientes, abandonando la lógica del lucro que tantas veces subordina la salud a los negocios privados. Proponemos fortalecer a nivel nacional el Primer Nivel de Atención del sistema público, capaz de prevenir y atender exitosamente la mayoría de las necesidades médicas. Jerarquizaremos el abordaje comunitario de los problemas de consumo, las enfermedades crónicas, las coberturas del calendario de vacunación y la salud mental integral, fortaleciendo equipos interdisciplinarios y dispositivos territoriales de prevención y acompañamiento. Recuperaremos la lógica solidaria de las obras sociales e integraremos su funcionamiento con los efectores públicos. Reinstalaremos el Plan REMEDIAR, controlaremos los precios de los medicamentos e impulsaremos la investigación científica y la producción pública de medicamentos en laboratorios estatales, fortaleciendo la soberanía sanitaria nacional. Garantizaremos el cumplimiento efectivo de la emergencia en discapacidad que actualice de manera urgente los aranceles del sistema de prestaciones con mecanismos automáticos frente a la inflación, regularice las deudas del Estado con prestadores y trabajadores del sector, garantice la continuidad de las pensiones no contributivas y asegure la cobertura integral de medicamentos, tratamientos, transporte y apoyos previstos en la Ley 24.901. Jerarquizaremos las condiciones laborales de los trabajadores de la salud y fortaleceremos la articulación con promotores y organizaciones comunitarias que sostienen cotidianamente tareas esenciales de cuidado. Finalmente, retomaremos la coordinación internacional en materia sanitaria con perspectiva soberana, regresando a los organismos sanitarios internacionales.